LEGITIMACIÓN Y DERECHO
El Sistema Judicial Español hace aguas por todos los lados. Ya lo esputó Pedro Pacheco con una famosa frase que no voy a transcribir. No se puede entender que en un país que se vanagloria como Democrático y de Derecho, puedan campar a sus anchas los delincuentes porque sus denunciantes no están legitimados para ejercer la denuncia, o lo que es lo mismo, prevalecer la Legitimación al Derecho. Esto es igual que no poder denunciar a un ladrón que está cometiendo un robo en el ultramarino de frente de tu casa, porque el juez de turno no considera legitimado al denunciante por ser un vecino de la zona y no ser el dueño del ultramarino.
Está claro que el Derecho por encima de la Legitimidad, al contrario que los ciudadanos de a pié, solamente puede ser ejercido por el sistema capitalista. Recuerdo casos en el que a un padre de familia se le ha expedientado y despedido en una empresa por ser un presunto, y todo esto sin juicio previo.
La excusa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, en los juicios que se han celebrado en el 2010, para tratar asuntos relativos a incumplimientos de normativas y convenio (Leyes), todos ellos denunciados por el Comité de Empresa de T.G. Comes S.A., se me antoja absurda. ¿Por qué un Juez de oficio no tiene la autoridad suficiente para hacer cumplir las Leyes a quienes las transgrede? Independientemente de que el órgano representativo que ejerce el derecho a denunciar, que en este caso es un Sindicato o Comité de Empresa, esté o no esté legitimado para ello, ¿no son los trabajadores/as a quienes dicho órgano representan, los que padecen semejantes infracciones, y los que deben ser defendidos de sus agresores?
Con varios días de diferencia a la tercera de estas sentencias desestimadas por los Iltmos. Sres. del T.S.J.A., sin entrar a conocer el fondo de la cuestión planteada, debido a la falta de legitimación por parte de los denunciantes, el T.S.J.A. anula el proyecto de la obra del Tranvía de San Fernando, concretamente el de la zona de Venta Vargas y, declara “nula y sin efecto” la resolución de la Dirección General de Transportes por la que se aprobó dicho proyecto, debido al proceso de expropiaciones desarrollado en dicha zona.
Curiosamente, el delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda de la Junta en Cádiz (anteriormente Obras Públicas y Transporte), Pablo Lorenzo Rubio (el mismo que una vez sí y otra también, ha permitido que los empresarios del sector del transporte público por carretera en la provincia de Cádiz, apliquen y desarrollen la normativa que regula el transporte público por carretera como les vienen en ganas, todo ello, sin tener en cuenta que dichos incumplimientos ponen diariamente en peligro la vida de innumerables usuarios y conductores), dice que la Junta acatará la sentencia, si bien trabajan para formular el recurso de casación, y este se basará en la imposibilidad física de la ejecución material de la sentencia (esta opción se contempla en el fallo judicial del T.S.J.A.), ya que sustancialmente, las obras en la zona de Venta Vargas ya se han llevado a cabo, y que la sentencia “no establece medidas cautelares para la paralización de los trabajos”, por lo que dicho delegado considera que “habrá que buscar una solución en términos de indemnizaciones o compensaciones a los propietarios”, eso sí, el dinero para dichas indemnizaciones, no saldrán del bolsillo de los políticos que cometieron el error de expropiar sin esperar la sentencia.
Por lo tanto, si en el futuro la Administración te expropia, lo más que podrás conseguir será una indemnización al precio estimado por ella del bien inmueble expropiado, puesto que las obras que se materializan en el lugar de tu propiedad, de ninguna manera se paralizarán. Y luego van y expedientan al ex-alcalde de Jerez.
Jesús Jurado Pinto
Un saludo de El Chófer de El Coche de la Hora
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